EDITORIAL EL PAIS
Lo malo y lo peor

Hubo un tiempo en que los pueblos uruguayo y argentino se consideraban verdaderamente hermanos. La expresión puede ser trivial pero, sin duda alguna, se ajustaba a la realidad. Salvo el período en el que Perón -por razones que no viene al caso recordar- adoptó una actitud airada respecto a nuestro país, casi todo el resto de la historia rioplatense transcurrió en términos de armonía y de respeto. Es que los vínculos existentes entre los pueblos asentados en ambas orillas del Plata, y en sus adyacencias, tienen hondas raíces comunes en la historia y muy fuertes lazos en el presente. Para los argentinos, por ejemplo, los uruguayos éramos sus hermanos menores y todo lo que se relacionaba con nosotros era expuesto con cariño y comprensión. Para nosotros, a su vez, todos los extranjeros eran considerados como tales -aunque sin demostrarles animosidad alguna- pero los argentinos no eran vistos como extranjeros sino como argentinos. Así de simple. Ni siquiera la agresividad propia de algunas competencias deportivas fue capaz de alejar a un hermano del otro.

Parecía que esta visión no podía cambiar nunca. Pero cambió, o, al menos, está en trance de cambiar en amplios sectores de la sociedad rioplatense.

Bastó, para ello, que una empresa finlandesa, Botnia, hiciera en Fray Bentos la más grande inversión privada de la historia de nuestro país para que grupos adversos a la misma -en Gualeguaychú y, luego, además, en otros puentes sobre el río Uruguay- recurrieran a la violencia piquetera cortando el tránsito en todos los puentes binacionales, amenazando con "acciones secretas" y provocando, en suma, un clima de hostilidad mutua entre nuestros dos pueblos que hipotecan el futuro de nuestra convivencia.

El primer argumento esgrimido desde el lado entrerriano fue que las pasteras de Botnia causarían una nociva contaminación del río, de las playas y en la atmósfera de la región. Invalidados estos argumentos por informes de expertos en la materia, pasó a escandalizarse con la contaminación visual -irrelevante y desproporcionada excusa- y, más tarde, con la presunta violación del Estatuto del Río Uruguay. La Corte Internacional de La Haya ha tomado cartas en el asunto y está a punto de expedirse definitivamente.

Pero no es aquí que radica el nudo de la cuestión.

Lo malo es que un grupo de piqueteros puede cortar, durante meses y meses, el tránsito a través de los puentes binacionales en la forma y en el tiempo que se le antoje. Lo malo es que un grupo ínfimo de personas es alentado por el gobierno provincial de Entre Ríos para que corte rutas y puentes que comunican con el Uruguay y que agregue sus propias declaraciones intolerantes hacia nuestro país.

Lo malo es que esos grupúsculos seudoecológicos -pues no se ocupan de la gravísima acción de agentes contaminantes en varios puntos de la mismísima Argentina- provocan un notorio enfriamiento en las relaciones de países que siempre se trataron fraternalmente.

Lo malo es que ese grupo perturbador e ilegal actúa ante la complicidad y pasividad del gobierno argentino, razón por la cual determina una parte sustancial de la política de relaciones exteriores de la Rpca. Argentina, precisamente la atinente al Uruguay, su vecino más íntimo.

Lo malo es que el gobierno central de la Argentina se hace el desentendido, deja hacer a los piqueteros porque siente un profundo temor a obrar en contra de ellos y en favor del mantenimiento del orden y de la libre circulación de personas y de bienes, en virtud de que una eventual represión puede tener un elevado costo político dada la proximidad de las elecciones presidenciales.

Lo malo, o lo peor, es que ahora el presidente Kirchner se decide a proclamar -en un acto de conmemoración patria- que la querella de las pasteras es una "cuestión nacional", es decir, que sobrepasa el interés provincial y alcanza al interés nacional: es entonces que convierte a los piqueteros en representantes del honor nacional y en agentes patrióticos cuyos atentados contra la soberanía uruguaya quedan oficializados.

La controversia, pues, se plantea, ahora, al más alto nivel gubernamental.

Si no es la ciudadanía argentina, actuando como electorado, será la historia la que tendrá la última palabra en este enojoso y absurdo conflicto.

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